¿Decidimos vivir como queremos o nos imponen vivir como quieren?

El “Día D” Ambiental y Normandía

El desembarco en Normandía, durante la II Guerra Mundial fue calificado como el día decisivo (Día D), marcando un hito en el cambio del curso de esa guerra y la configuración de sistemas económicos, geográficos y migratorios.

Haciendo paralelismo con ese día decisivo y el nombre del vertedero en Santa Cruz de la Sierra, me gustaría hacer unas consideraciones y referencias generales a la forma de vida que a veces nos auto-imponemos.

La rama económica del estudio ambiental y de recursos naturales se basa mucho en las externalidades de un proyecto y/o actividad, veamos.

El argumento teórico fundamental para la actividad gubernamental en el reino ambiental es que la contaminación es una externalidad, es decir una consecuencia no intencionada de las decisiones de mercado. Algo no buscado que sin embargo aparece y tiene efecto en nuestras vidas, más en todos nosotros, la mayoría, que en aquella minoría que o toma las decisiones por su condición de servidor público o impone sus intereses por medio de bloqueos y paros.

Hasta no hace mucho, se creía que el proveer incentivos a los actores privados para que estos internalicen los costos totales de sus acciones,  era la solución teórica para este problema de externalidad. El primer paladín de este punto de vista fue Arthur Pigou, quien en “Las Economías del Bienestar” (1920) proponía que el gobierno debería imponer un impuesto sobre emisiones para igualar al costo de estos daños relaciones al nivel de control eficiente. La respuesta a la perspectiva Pigoviana fue provista por Ronald Coase en “El Problema del Costo Social” (1960). Coase demostró que en un ambiente de regateo bilateral sin costos de transacción; riqueza o efectos de ingreso; o de impactos de terceros, las dos partes negociadoras alcanzarían convenios socialmente deseables, y que el monto total de contaminación será independiente de la asignación de los derechos propietarios. Sin embargo, debemos observar que algunas de las condiciones especificadas por Coase, no son relevantes para la mayoría de los problemas ambientales que nos preocupan. En todo caso, podemos concluir que la negociación privada no conseguirá – en general – internalizar completamente las externalidades ambientales.

Entonces, debemos estar conscientes que los problemas urbanos como la operación de un vertedero, la responsabilidad de mantener un entorno ambiental agradable, limpio y seguro es responsabilidad de todos. No es solamente el gobierno (nacional, local); son todos los ciudadanos y empresas públicas o privadas que generan desechos que deben ser manipulados y puestos a buen recaudo. Ninguna clase social se salva de esta responsabilidad; de igual manera ninguna clase social es la única culpable o inocente. Somos todos, ¿quien no vio echar basura de un auto lujoso, micro o carretón?

El gráfico muestra la relación que existe ante un problema, su regulación e implementación. Es una relación de eventos, comportamientos y reacciones que inciden en nuestra calidad de vida. Es bueno resaltar que en muchas oportunidades se omite las deliberaciones, análisis y evaluaciones. Tan solo se queda en la primera fila. Es decir, surge un problema genuino de toda la sociedad, o un tema que afecta a cierto grupo. Generalmente, la reacción inicial es legislar e implementar lentamente, muchas veces sin presupuestos, costos, ni capacidades adecuadas.

Todo lo anterior, genera cambios (deseados y no) en el comportamiento de las empresas e individuos. Con resultados ambientales, de salud, ineficiencias económicas, vulnerando la seguridad jurídica y generando jurisprudencia negativa a futuro.

Lamentablemente en Bolivia, el grupo conflictivo reacciona con presiones hacia la mayoría ciudadana, cortando las libertades constitucionales de cada uno de nosotros (paros, bloqueos, cortes de servicio como el de salud), nos quedamos en la primera fila del cuadro…

En este momento, es importante recordar la esencia de la gestión pública: buscar soluciones apropiadas para una convivencia pacífica, civilizada. Entonces, ¿Cuál es nuestra cabeza de playa, cuál nuestro Día D? ¿Qué acción decisiva debemos tomar? Necesitamos que los actores involucrados / interesados, deliberen en función del bien público. Analizando el antes y el después de lo que se plantea legislar, controlar, proteger. Se debe evaluar los riesgos, las oportunidades, y la eficacia y eficiencia con que se resolverá ese problema.

Durante mucho tiempo, el diseño en implementación de políticas ambientales, en todo el mundo, ha utilizado la prueba error, sin un sistemático o adecuado aprendizaje de las pruebas ni los errores. Esto se aplica no solo a temas ambientales, sino a campos como la medicina, educación, o seguridad en el transporte. Los estudios hasta la fecha nos dicen que el rol de la evaluación de los programas debe ser clave en la formulación de políticas ambientales. Es importante incorporar otras disciplinas como la evaluación de riesgos, los análisis de costo-efectividad y de beneficio-costo.

Muchas veces nos embarcamos en proyectos como el vertedero de “Normandía”, concebido y construido en un área de acceso y circundante que fue y debió permanecer inhabitada (1 Km. a la redonda). La realidad y los problemas que se repiten (el último a fines de junio 2008), nos mueven a sostener el principio de tener un estudio de la viabilidad ecorregional para proyectos de este tipo. Así como el continuo monitoreo y cumplimiento de la ley para evitar asentamientos ilegales que luego se convierten en focos de conflicto, con grupos planteando su “legalización” a costa de la mayoría abrumadora de los ciudadanos que necesitan disponer de la basura diariamente.

Los cambios en el comportamiento de empresas e individuos dan las pautas para corregir, sostener, mejorar las políticas de control ambiental, esta consideración última es por extrema importante para una ciudad como Santa Cruz de la Sierra y su crecimiento sostenible a futuro. Sin embargo, Bolivia experimenta, de manera recurrente, en una forma de vida donde unas minorías (sectores sociales, tendencias políticas o vecinos de un barrio) ponen en jaque a la inmensa mayoría.

Consideraciones como “protejo mi fuente de trabajo” o “vivo aquí (no importa como llegue ahí)” y una cobertura mediática “incompleta” genera la noticia de la semana y toda consideración-respeto a las políticas públicas, donde el respeto a los demás y al entorno ambiental quedan de lado.

Por lo tanto, considero que si bien en alguna medida hemos seguido más o menos prácticas mundialmente aceptadas, la capacidad de convivencia ciudadana en nuestro país limita seriamente el cuidado y protección ambiental a futuro. Como resultado, no salimos de la espiral de pobreza, y la cada vez más reducida competitividad frente a otros países nos empuja más abajo. Solo un cambio serio, profundo de actitud personal, institucional y de mercado podrá encauzarnos hacia una convivencia pacífica y digna.

Referencias

  1. Stavins, Robert N. – Harvard University; Environmental Economics; 2008.
  2. Bennear, Lori S. – Duke University; Coglianese, Cary – Harvard University; Evaluating Environmental Policies; 2004.

Acerca de David J. Lozano

Economista ambiental con experiencia en alta gerencia para proyectos/programas de desarrollo sostenible y RSE.

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