¿Cortina de humo o ineficiencias económicas?

Resulta deprimente y hasta frustrante el estar viviendo estos meses con la presencia del humo alrededor nuestro. La identificación “bajo el cielo más puro de América” resuena ahora como cuando escuchamos decir que “en el gobierno damos cátedra en economía,” es decir un oxymoron de mal gusto.

Lo primero (humo, chaqueo) podremos recuperarlo en la medida en que nuestra sociedad aprenda a manejar la basura y los agropecuarios aprendan mejores técnicas de manejo de suelos y producción. Además, una práctica agroforestal produciría y rendiría mucho más que el uso extensivo que se le da ahora a los suelos de las tierras bajas del este; Bolivia lamentablemente para algunos agricultores, no es el medio-oeste de los EE.UU.

Ahora, sobre las ineficiencias económicas, es algo que si se puede cambiar y es parte de este artículo. Si estamos bajo un Estado de carácter keynesiano, donde se quiere que el rol del gobierno tenga una mayor responsabilidad, bueno, entonces debe reaccionar como tal.

La explotación comercial y competitiva de nuestros recursos naturales debe incorporar las lecciones aprendidas a las nuevas modalidades contractuales.

La responsabilidad social corporativa, el desarrollo sostenible de nuestro gas natural y la minería son temas que hasta mediados de esta década dieron avances importantes en nuestra sociedad. La mitigación y/o remediación ambiental, así como la mejor distribución de los impuestos y regalías tuvo problemas significativos en el desarrollo de los contratos de exploración, construcción y producción, los resultados finales fueron mejores que en el pasado.

En décadas anteriores, se tenia la “tradición” que tanto los antiguos YPFB y COMIBOL implementaban sus proyectos sin compensación alguna (una ves vi una casa en el campo, habían construido su cocina con el ducto dentro de ella, y lo utilizaban como asiento). Es decir, las empresas estatales realizaban sus actividades, sin tomar en cuenta practicas internacionales tales como un Plan de acuerdo a los lineamientos del Banco Mundial y los Principios del Ecuador en reasentamiento de comunidades de manera involuntaria y programas de desarrollo indígenas; sin mencionar practicas seguras para sus trabajadores o vecinos próximos.

A comienzos de la primera década de este siglo, bajo ese contexto se tenía por un lado a los directos responsables de que un proyecto se llevase a cabo: la empresa privada, el gobierno y la sociedad civil. En teoría se vislumbraba que estos actores cumpliesen con que:

El gobierno debía hacer cumplir las concesiones mineras o de hidrocarburos, y la ley ambiental a todos los actores involucrados. Para que los ciudadanos puedan utilizar esos recursos como parte importante de sus programas de desarrollo y al mismo tiempo tomar en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. La generación de impuestos y regalías debería ser utilizada como en el caso de Chile (ahorrando una parte importante para la época de vacas flacas). En todo caso estos ingresos, que de manera continua por periodos entre diez y veinte años, debían llegar ininterrumpidamente son claves para cualquier gobierno y sus aspiraciones de continuidad (puesto que podría ejecutar programas de desarrollo a largo plazo con financiamiento asegurado).

La empresa privada por su parte debía cumplir con los requisitos para esa explotación de recursos naturales, no solo los que la ley fijase sino al mismo tiempo el obtener la licencia social para que la convivencia entre la empresa y la comunidad sea fructífera, pacifica y deseable para todos. Al mismo tiempo las empresas debían ser rentables para con sus dueños/accionistas, lo que a su vez podría promover mayores inversiones futuras dado un clima donde existiese seguridad jurídica, y continuidad productiva para llegar a los mercados internacionales de manera competitiva.

Por otro lado, bajo la sociedad en general se encontraban las comunidades por donde pasaban los ductos o donde se instalaban los pozos o minas. Estos actores si bien tenían que cambiar su forma de vida o el uso de sus recursos, tendrían ahora la oportunidad de usar recursos que hasta entonces el gobierno local o nacional no tenia anteriormente disponible para ellos. Era la oportunidad para consolidar un desarrollo sostenible y no convertirse en un poblado fantasma una vez desapareciese la presencia de la empresa. Dentro de la sociedad también existen intereses/opiniones de que ese proyecto sea desarrollado o detenido (si tuviese serios daños ambientales).

A todo esto se sumaban los actores que tenían una capacidad motivacional e influyente a nivel nacional e internacional, las ONGs radicales así como las de verdadera intencionalidad. Las primeras, de promover su agenda particular utilizando a los demás actores para su propio beneficio. Las segundas, el de promover un uso sostenible de esos recursos de manera que los beneficiarios principales tuviesen la oportunidad de alcanzar el desarrollo y utilizar las lecciones aprendidas de esa interacción con el gobierno/empresa en otros emprendimientos locales o internacionales.

De todo lo anterior, hubo lecciones aprendidas, expectativas no cumplidas y al final del día, los ingresos del país mejoraron. Hubo procedimientos y canales apropiados para que todos los actores pudieran hacerse escuchar y cumplir con sus planes, se sabía que podía esperarse de una empresa, del gobierno y la sociedad en general.

Entonces, ¿donde queda la cortina de humo? ¿Por qué actividades como la  minera de Corocoro no se concretan? ¿Qué esta pasando? Hasta fines de octubre 2010, la comunidad de Corocoro se resistía al ingreso de personal para la explotación de cobre; los reclamos y naturaleza de los mismos no cambiaron en nada las reacciones de los actores principales (ni hoy ni hace nueve años las reacciones de los “afectados” en cualquier parte del planeta). Lo que cambió fueron las expectativas y el cumplimiento de los reglamentos y las responsabilidades de los organismos públicos. En el primer semestre del 2011 se produjeron numerosas “invasiones” de comunidades a empresas mineras que tenían la concesión legal de sus operaciones; alegatos de las comunidades que ellas deberían ser las que trabajen y no otras personas, distorsiona el mercado, genera conflictos sociales y es un preludio a la anarquía.

Hasta no hace mucho, se esperaba que las demandas de las comunidades “afectadas” fuesen canalizadas por intermedio de las instituciones de gobierno para que la empresa privada las cumpla. En el caso de concesiones, sean estas mineras, hidrocarburíferas, forestales, etc. y dada la nueva política “de cambio” vemos que el Estado no sabe como reaccionar o que responsabilidades tomar. Antes era la empresa privada la que tenia que contratar estudios de impacto ambiental, y se esperaba que en base a ese estudio la empresa presentase planes de desarrollo indígena, desarrollo municipal, fondos de fideicomiso, empleos directos e indirectos, reforestación, caminos, programas de crédito, etc. etc. Por su lado las comunidades y municipios hacían su “lista” de prioridades y montos que la empresa debería desembolsar, so pena de bloqueos, toma de rehenes y/o impedir cualquier actividad de ese proyecto, es decir, lo que pidió la gente en Corocoro.

La cortina de humo radica en que el Estado no esta cumpliendo ese rol, antes se exigía a la empresa privada todo lo mencionado mas arriba, ahora al no haber esos estudios, y sobre todo un presupuesto adecuado, las cosas tienden a estancarse. El rol pasivo del Estado ha tenido desagradables e infortunados desenlaces como en Huanuni.

Podríamos decir que en el pasado el rol del Estado era cómodo, ofrecía una imagen ante la sociedad que hacia verlo como el que controlaba y exigía a la empresa privada a cumplir con acuerdos y financiamiento que en muchas situaciones ponía en riesgo la viabilidad de ese proyecto. Ahora, tenemos un Estado que no sabe como reaccionar, no sabe cual organismo gubernamental debe hacer los estudios, ni cual organismo debe ser el que supervise, autorice y controle esa implementación. Menos aun se toma en cuenta el como negociar con las partes, y sobre todo no sabe como financiarlos. En el pasado tuve una experiencia sui-generis, un alto funcionario publico dijo una ves “… que son $us300 mil para la empresa, ¿por que no los da?…” lo dijo ante mucha audiencia, tomando parte como Estado por un lado. Esa manera irresponsable de exigir a otros dar lo que no se tiene, demagógicamente, se acabo o por lo menos se evita porque ahora el Estado es el responsable.

Para bien o mal el Estado actual debe cumplir con lo que antes exigían los actores involucrados, debe evitar la degradación ambiental. Ahora, debe evitar el generar costos que pongan en peligro la viabilidad de nuestras industrias de hidrocarburos y minera; y sobre todo debe evitar que reine la anarquía y confrontación entre vecinos como es el potencial caso de campo Margarita entre Tarija y Chuquisaca.

Si estamos bajo un Estado “de cambio” deberemos exigir que el Estado responda de manera responsable, las comunidades y sociedad en general esperan que las remediaciones ambientales sean sostenibles a largo plazo, cualquier intento de no “internalizar” esos costos ambientales producirá ineficiencias económicas que afectaran la competitividad de ese proyecto y quedaremos con mas “karachipampas” y pueblos fantasmas.

Hemos tenido que ser espectadores de la sufrida y estoica marcha del TIPNIS, quienes aún después de haber obtenido que el camino San Ignacio de Moxos ‘ Villa Tunari no pase por el territorio indígena ni el Parque Nacional Isiboro Secure, tuvieron que negociar (fue el punto mas discutido de los 15 restantes) para que los pasivos ambientales del Aguaragüe fuesen financiados por el Estado.

El Estado si desea cambiar, debe asumir los roles y responsabilidades que antes se exigía a la empresa privada.

Dejemos las cortinas de humo, funcionemos como un país competitivo. Estamos iniciando la segunda década del siglo XXI, dejemos, como Bolivia, atrás las practicas socioeconómicas del siglo pasado, sacudámonos de todo ello y dejemos de reinventar la rueda. Mostremos al mundo entero que no solo hablamos sino que podemos integrarnos al comercio mundial de manera responsable.

Si el Estado quiere anquilosarse, nosotros los profesionales, los ciudadanos debemos influir para que nuestra sociedad se integre al mundo y a los desafíos de este nuevo siglo.

Acerca de David J. Lozano

Economista ambiental con experiencia en alta gerencia para proyectos/programas de desarrollo sostenible y RSE.

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