Regulación Ambiental Global

¿Cuanto conocemos de los efectos del comercio en el medioambiente? Una pregunta central es si la globalización ¿ayuda o daña a obtener el mejor intercambio entre las metas ambientales y económicas? ¿O es que ellas dañan la calidad ambiental ante cualquier tasa de crecimiento económico? La globalización es una tendencia compleja, y esta acompañada de muchas fuerzas y muchos efectos. Seria sorprendente si todas ellas fueran desfavorables al medioambiente, o todas ellas fuesen favorables. La máxima prioridad debería ser determinar las maneras en las cuales la globalización pueda ser encauzada exitosamente a promover la protección del medioambiente, junto a otros objetivos compartidos, y no de degradarlo.

Los efectos concernientes al comercio que vienen por medio de canales diferentes a las ganancias, pueden ser positivos o negativos. En el lado negativo, la conocida hipótesis “carrera hacia el fondo” es que los países de economía abierta, de manera general, y debido al temor de los efectos adversos de su competitividad internacional, adoptan regulaciones ambientales menos rígidas que aquellos países que son menos abiertos. Un grupo de posibles efectos, menos conocidos, podría denominarse como la hipótesis de las “ganancias del comercio” como: la globalización podría generar innovación tecnológica, elevando los estándares ambientales, o llevar a ejercer el poder del consumidor y la adopción de códigos de conducta corporativos.

Finalmente, la apertura al comercio puede motivar a que algunos países se especialicen en actividades “más sucias,” que les lleve a exportar sus productos hacia otros países con estándares ambientales mucho más altos. Bajo esta hipótesis de “paraísos contaminados,” la globalización tiene un efecto primario en la distribución de contaminación a todos los países, más que como un promedio general.

Cualquiera de estas hipótesis es plausible, veamos algo más:

Estudios empíricos sobre los datos de todos los países generalmente no encuentran efectos desfavorables del comercio en algunas mediciones de degradación ambiental como contaminación del aire (SO2, dióxido de azufre), Entonces, se puede inferir que la globalización y el medio ambiente no necesariamente están en conflicto. El comercio y crecimiento da a los países los medios para limpiar el aire, siempre y cuando tengan instituciones de gobierno efectivas a nivel nacional.  Una forma de gobierno democrática es determinante para la calidad ambiental, entonces: ¿Podemos decir como estamos en Bolivia?

Aunque la evidencia sugiere que comercio y crecimiento pueden exacerbar otras medidas de degradación ambiental, particularmente las emisiones de dióxido de carbono (CO2). La diferencia puede ser explicada por la observación que el CO2 es una externalidad global, la cual no puede ser controlada a nivel nacional debido al problema de que muchos esperan que otros pongan las soluciones, paguen por ellas y este solo se beneficie de ellas (free rider). Instituciones que puedan gobernar son necesarias a nivel multilateral, y estas no han estado funcionando, por lo menos hasta no hace mucho.

Un punto a enfatizarse aquí, es que es ilusorio pensar que los temas ambientales pueden ser manejados efectivamente si es que cada país podría aislarse contra las incursiones dentro de su soberanía nacional, aislándose contra el comercio internacional o la Organización Mundial del Comercio (OMC). De manera creciente, la gente que vive en un país, quiere proteger el aire, agua, bosques, y animales no solo en sus propios países, sino en todos los países también. Y para hacerlo, se necesita de la cooperación internacional. En este caso y para esos esfuerzos, la soberanía nacional es el obstáculo, no el aliado. Las instituciones multilaterales son un aliado potencial, no un obstáculo. Muchos ambientalistas no lograron entender la evolución substancial a lo largo del tiempo: Ahora existe una mayor base legal que en el pasado, para usar medidas de comercio que ayuden a hacer cumplir iniciativas ambientales acordadas multilateralmente, siempre y cuando estas no sean discriminatorias.

Los temores de los anti-globalizadores pueden ser entendidos por medio de un dilema de regulación triple, llamado el principio de La Imposible Trinidad de la Gobernancia Global. Al diseñar un sistema de gobernancia global, hay tres tipos de meta deseables. Primero, entender que la globalización es deseable, por nada mas que sus beneficios económicos, dejando todo lo demás constante. Segundo, la regulación es deseable cuando se trata de externalidades como ser la contaminación, u otras metas sociales no tratadas adecuadamente por el mercado. Tercero, la soberanía nacional es deseable, porque diferentes países tienen necesidades o preferencias diferentes, y también porque las naciones tienen orgullo por su independencia política. El principio de La Imposible Trinidad de la Gobernancia Global nos muestra que es posible el diseñar un sistema con cualquiera de dos de estos atributos pero no con los tres al mismo tiempo.

Los tres atributos están representados como los lados del triangulo en la Figura 1. La esquina baja de la izquierda representa al sistema de completo laissez faire. Los mercados privados tienen la responsabilidad por todo. Sin regulación gubernamental, no hay nada que coordinar internacionalmente, y por lo tanto no existe perdida de soberanía nacional. Si otro país quiere cometer el error de una intervención extrema, es su problema. La esquina baja de la derecha representa la regulación multilateral a nivel global. Al no existir actualmente muchos “federalistas mundiales,” la propuesta de establecer una Organización Mundial Ambiental poderosa seria un paso en esta dirección. La esquina superior del triangulo representa el aislamiento. Tan solo aquellos países que se desconecten del comercio, inversión, y otras interacciones internacionales, podrán preservar completamente su soberanía nacional, y practicar cualquier tipo de regulación que deseen. ¿A dónde vamos como Bolivia? ¿Será esto último lo que necesitamos para mejorar nuestras condiciones de vida? ¿Es el cambio que andamos buscando?

Las preocupaciones ambientales creadas por la globalización pueden ser entendidas por medio de este diagrama. El proceso de integración económica internacional ha movido a la mayoría de los países hacia abajo, en el grafico, hacia el lado inferior del triangulo. Como resultado y según dice la teoría, la globalización esta creando un conflicto creciente entre las necesidades de una regulación ambiental y las demandas de soberanía nacional. La soberanía nacional ha estado ganando, lo que significa que el movimiento se esta dando hacia la esquina baja de la izquierda del triangulo. Se alega que la globalización ha minado la habilidad de los gobiernos soberanos de imponer los estándares ambientales que a ellos quisiesen.

A pesar que esta imposible trinidad sea una manera útil de pensar en el potencial de la globalización respecto a bajar la regulación ambiental nacional, puede ser también ambigua en algún contexto. Para esto, existen dos razones principales. Primero, aun para las externalidades ambientales que están confinadas dentro de los países, como ser contaminación del aire local, existe muy poca evidencia empírica que la hipótesis de “la carrera hacia el fondo” en si se cumpla, por ejemplo, que el comercio internacional y la inversión pongan en realidad una presión hacia abajo significativa a la regulación ambiental agregada. Ciertamente, el comercio internacional y las actividades de las corporaciones multinacionales pueden alguna vez poner presión significativa hacia arriba en los estándares ambientales. No olvidemos que el consumidor ahora pueda exigir más que antes. Segundo, y más importante, algunos temas ambientales traspasan las fronteras de las naciones, aun en la ausencia de comercio internacional e inversión, haciendo difícil la atención por medio de regulaciones independientes en los países individuales. La protección ambiental requiere de la cooperación internacional, y la cooperación a su vez requiere de algo de perdida de “soberanía.”

Referencias

Jeffrey Frankel – Efectos Ambientales del Comercio Internacional, Harvard University; 2009.

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Economía Ambiental: Cambio Climático

¿Es posible conseguir un convenio multilateral creíble sobre cambio climático?

Claro que es posible conseguir tremendo acuerdo, sin embargo el tiempo transcurrido y los avances lentos pesan negativamente para nuestra vida futura.  El plan propuesto de reducciones sobre emisiones desarrolla formulas que contengan las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono a 500 ppm[1], al mismo tiempo que observa las restricciones políticas sobre costo, equidad y tiempo oportuno de hacerlo.

El problema

Cambio climático, es por supuesto, una externalidad global.  Quiere decir que es un costo imputable a toda acción humana que nadie quiere reconocer, que nadie quiere incluir en sus costos.  Hacerlo determinaría inicialmente una “percepción negativa” a la competitividad atribuible a su posicionamiento global.  Los políticos no quieren imponer impuestos, controles estrictos por temor a perder apoyo (votos) de la sociedad.  Las empresas no se atreven a hacerlo, hasta que las regulaciones se las impongan, lo cual hace más llevadero el mensaje de esos ejecutivos hacia sus accionistas, sus dueños para su implementación posterior.  Algunas organizaciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales participan activamente en ello, sin mucho éxito práctico desafortunadamente.   ¿Y que del resto de la sociedad, que hay de nosotros?  Bueno, es fácil reconocerlo, podemos hablar de este y otros problemas ambientales, porque esta de moda hacerlo, porque queremos impresionar a los demás y sin embargo no hacemos nada.  Nada para reducir la basura, para reciclar, para reusar, para ser mas eficientes y competitivos, nada.

Al ser una externalidad global, existe el problema del “free-rider[2]” es decir ningún país por si solo iniciara nada para mitigar el cambio climático.  La mejor solución es un tratado multilateral en el cual los países se comprometan seriamente a trabajar juntos.  Un tratado realista, donde no se estigmatice a los “ricos” ni los “pobres” tengan que buscar conmiseración alguna.  En diciembre 2009, se realizara una Conferencia de Partes bajo el Marco de la Convención en Cambio Climático de las Naciones Unidas.  Se reunirá en Copenhagen-Dinamarca con la esperanza de negociar un tratado que suceda al del Protocolo de Kyoto.

Entonces, veamos que es lo que le falto a ese protocolo: Hay por lo menos cuatro atributos críticos que no existen en el Protocolo de Kyoto.  Estos atributos necesitan ser incluidos si es que se quiere tratar de reducir de manera realista las concentraciones del efecto gas invernadero a niveles considerados como menos peligrosos por los científicos para el año 2100.

  1. Participación completa – esto es, la aceptación de los límites cuantitativos en emisiones – por todos los países grandes (desde EE.UU. hasta países en desarrollo como Brasil, Rusia, India, China).
  2. Un marco creíble que pueda establecer un camino hacia las reducciones de emisiones a lo largo de este siglo, no solamente los próximos cinco años.
  3. Alguna razón que nos lleve a pensar que todos los países acepten unirse y luego cumplir con lo acordado.  Esto implica metas que impongan económicos mayores a cualquiera de los países grandes, en cualquier década, relativo al abandono de este nuevo tratado.
  4. Bajo la misma lógica del punto anterior, se debe tener una razón poderosa, aceptable y cumplible (sanciones) para los países considerados pequeños.  El concepto de “free rider” influye tanto y sirve como excusa para cualquier otro país de dejar de mitigar los problemas ambientales, en este problema todos los países deben estar de acuerdo (Entonces, todo concepto político de carácter endógeno o de retroceder en el tiempo y cerrar fronteras queda ridículo, caduco.)

Ya por casi diez años, personas como Jeffrey Frankel[3] han trabajado bajo el Protocolo de Kyoto y han tratado de diseñar ese marco para asignar límites cuantitativos para todos los países.  Lo que Frankel propone ahora, se basa en los principios de Kyoto, es decir aceptando el marco referente de las metas nacionales para emisiones y los permisos de intercambio internacionales.  Lo innovador corresponde a tratar de resolver las serias deficiencias de ese convenio: participación incompleta de los países, la necesidad de contar con metas a largo plazo, y el incentivo económico para aquellos países que incumplan con sus compromisos.

Las Propuestas

A pesar de que existen muchas propuestas de sucesión al Protocolo de Kyoto, estas están típicamente basadas en uno o dos de los siguientes tres métodos filosóficos:

  1. científico (por ej. manteniendo las concentraciones globales a 450 ppm),
  2. equidad (por ej. iguales emisiones per capita para todos los países), o
  3. económico (sopesando los costos económicos de cortes agresivos a corto plazo frente a los beneficios ambientales de largo plazo).

Ahora bien, el plan de reducción de emisiones de Frankel ofrece alternativas prácticas –además de las anteriores tres consideraciones, tiene una inclinación marcada hacia lo político.  De manera más especifica, cualquier convenio climático futuro debe cumplir en la práctica con seis importantes restricciones políticas.

a)    EE.UU. no se comprometerá a metas cuantitativas si China o cualquier otro país mayor en desarrollo no se comprometiese al mismo tiempo con otras metas cuantitativas, debido a preocupaciones acerca de la competitividad económica y fugas de carbono.

b)    China y otros países en desarrollo no harán ningún sacrificio diferente a lo que habrían hecho los países ricos que hayan estado antes que ellos.

c)    A largo plazo, ningún país podrá ser recompensado por haber subido sus emisiones por encima de los niveles de 1990.

d)    Ningún país aceptara participar si el valor presente descontado de sus costos futuros esperados sea mas de, digamos 1% de su PIB.

e)    Ningún país continuara cumpliendo con las metas que tengan un costo mayor a, digamos un 5% de su PIB en cualquier periodo de su presupuesto.

f)      Si algún país mayor (grande) se saliese del convenio, otros se sentirían desmotivados de continuar y el sistema podría colapsar.

¿Y que de Bolivia?

Todo lo anterior es un excelente panorama para ver como reaccionamos,  retornando a Bolivia, ¿Que opciones nos quedan? ¿Cómo podríamos integrarnos a este desafío global?  Los seis puntos anteriores son entendibles y aplicables en virtud de un comportamiento racional, de respeto mutuo y consecuente.  Si bien el gobierno habla de una economía blindada, la cual sería irrelevante en términos de emisiones de dióxido de carbono por tener una economía pequeña, todos los bolivianos debemos estar conscientes de nuestra inserción en la economía mundial.  Nuestra Republica cuenta con ventajas comparativas para subirse a este nuevo convenio de manera responsable para con nuestros ciudadanos del año 2100.

Para empezar no tenemos emisiones mayores a las de los años noventa del pasado siglo.  Nuestras inversiones en los últimos años han sido casi inexistentes por lo que pudiéramos “cantar victoria” desde ahora.  Sin embargo, también debemos estar conscientes de que la falta de seguridad jurídica promueve degradación ambiental.  Uno de nuestros mayores logros en términos de bosques naturales manejados sosteniblemente está a punto de perderse.  Además, el estar considerados entre los 15 países con más biodiversidad en el mundo[4] es algo que debe hacernos entender que debemos cuidar ese patrimonio para nuestro futuro.  Bolivia debería captar inversiones que utilicen tecnologías nuevas, aceptables dentro de los límites enunciados en el Protocolo de Kyoto y por ende en el nuevo por firmarse.  No es suficiente que el gobierno de turno ya sea por razones electorales o de incapacidad anuncie rimbombantes alianzas, inversiones que tarde o nunca se concretan, y si llegasen con seguridad traerían tecnología obsoleta, contaminante, puesto que no tenemos los mecanismos de control ni la voluntad política que utilice los mecanismos de competitividad, eficiencia y eficacia que otros países implementan.  Un gobierno responsable debe asegurarse de cumplir los compromisos internacionales o empezar a adecuarse a ellos para su pronta inserción y beneficio.  Finalmente el mundo se dio cuenta que convenios de corto plazo no sirven, lo analizado en este documento refleja la intención seria del mundo de hablar y cumplir convenios para el resto de este siglo.  ¿Podremos tomar este desafío en nuestra Republica de Bolivia?


[1] Partes por millón

[2] Free rider.  Aquella persona, institución privada o pública que pudiendo pagar algo no lo hace, pues sabe que su “vecino” lo hará, así tendrá lo que quiere sin riesgo, sin costo alguno.

[3] Profesor de Formación de Capital y Crecimiento, Programas y Proyectos del Centro Belfer, Proyecto Harvard en Convenios Internacionales sobre el Clima, Universidad de Harvard.

[4] Una de las conclusiones del Foro “Biocomercio: Oportunidades para Bolivia”, coorganizado en La Paz por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y el IBCE, 26/08/2009.

Cuanto entendemos por Crecimiento Verde?

Comencemos por utilizar la definición de la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – www.oecd.org). Del documento “Hacia el Crecimiento Verde”:

  • El crecimiento verde significa propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos y a la vez asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Para lograrlo debe catalizar la inversión y la innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y abran nuevas oportunidades económicas.
  • Regresar a hacer las cosas como siempre sería poco aconsejable e insostenible a fin de cuentas, ya que implicaría riesgos que podrían imponer costos humanos y restricciones sobre el crecimiento y el desarrollo económicos. Podría dar como resultado una mayor escasez de agua, agotamiento de recursos, contaminación del aire y del agua, cambio climático y una pérdida de biodiversidad que sería irreversible; de ahí la necesidad de contar con estrategias para lograr un crecimiento más verde.

Si tomamos el segundo punto, veremos que algunas políticas que tiendan a retroceder en el tiempo, pueden ser mas perjudiciales que beneficiosas. Considero que no es inteligente reinventar la pólvora y al mismo tiempo negar las innovaciones tecnológicas, así vengan de países capitalistas o industrializados. Bolivia puede contar con ambas y el desafío consiste en asumir aquellas que son exitosas, practicas y dieron buen resultado en otros países. Por ultimo, la economía no debe estar sujeta a intereses políticos de turno.

El crecimiento verde tiene el potencial de abordar desafíos económicos y ambientales, así como de abrir nuevas fuentes de crecimiento mediante los canales siguientes:

Productividad. Incentivos para una mayor eficiencia en el uso de los recursos y bienes naturales: aumento de la productividad, reducción de los residuos y el consumo de energía, así como la disponibilidad de los recursos para un uso con el valor más alto. En Bolivia debe levantarse las restricciones a las exportaciones para permitir la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.

Innovación. Oportunidades para la innovación, estimuladas por las políticas y las condiciones de un marco de referencia que den paso a nuevas maneras de abordar los problemas ambientales.

Nuevos mercados. Creación de nuevos mercados al estimular la demanda de tecnologías, bienes y servicios verdes, generando el potencial de nuevas oportunidades de empleo. Bolivia ha tenido problemas de calidad y cantidad exportables, debemos obtener segmentos de mercado donde nuestras ventajas competitivas así nos lo permitan; el gobierno debe apoyar al sector productivo.

Confianza. Impulso de la confianza del inversionista por medio de una mayor previsibilidad y estabilidad con respecto a la manera en que los gobiernos lidian con los problemas ambientales de envergadura. En este punto, tenemos amplio espacio para mejorar las condiciones y seguridad jurídica a cualquier inversor.

Estabilidad. Condiciones macroeconómicas más equilibradas, menor volatilidad de precios de los recursos y apoyo de la consolidación fiscal mediante, por ejemplo, la revisión de la composición y la eficiencia del gasto público, así como el aumento de los ingresos al ponerle precio a la contaminación.

También puede reducir los riesgos de sufrir impactos negativos al crecimiento de:

Estrangulamientos de recursos que hacen más costosa la inversión, como la necesidad de una infraestructura intensiva en capital cuando la oferta de agua escasea o la calidad de la misma disminuye (por ejemplo, equipo de desalinización). A este respecto, la pérdida de capital natural puede exceder las ganancias generadas por la actividad económica, debilitando la capacidad de sostener el crecimiento futuro. Se debe dejar de lado las practicas de fomento/subsidio a las empresas estatales, pues no solo quitan recursos para las verdaderas áreas de ‘injerencia’ publica: salud, educación, infraestructura caminera; y dejar al sector productivo nacional competir por mejores mercados y volúmenes sostenibles.

Los desequilibrios en los sistemas naturales también aumentan el riesgo de que haya efectos más profundos, abruptos, muy perjudiciales y potencialmente irreversibles, como ha sucedido con algunas reservas de peces y como podría ocurrir con el daño a la biodiversidad bajo un cambio climático constante. Los intentos de identificar los posibles umbrales sugieren que en algunos casos –el cambio climático, los ciclos globales de nitrógeno y la pérdida de biodiversidad– éstos han sido ya excedidos.

Según el Banco Mundial, en su informe Crecimiento Verde Inclusivo en América Latina y el Caribe:

América Latina tiene la mayor proporción de su población viviendo en áreas urbanas—un 80%—, así como una de las tasas de motorización (y el gobierno de Bolivia permitió el ingreso de vehículos chatarra/contaminantes en proporciones gigantescas, el contrabando continua) más altas del mundo —un aumento de 4,5% anual—, dos amenazas potenciales a los recursos naturales, que si bien aún son muy vastos, se han venido mermando a pasos agigantados en las últimas dos décadas.

El BM señala que entre los retos en la región en materia rural está el conseguir un equilibrio entre la expansión agrícola y la deforestación. En este sentido, el informe resalta que si bien la expansión agrícola y las actividades extractivas han propiciado un retroceso alarmante de los bosques, muchos países han establecido áreas de protección, que cubren actualmente un 10,5% del territorio regional, casi el doble de lo que existía hace 20 años.

Si bien Bolivia cuenta con un área importante dedicada a Parques Nacionales, Estaciones de Biosfera y Áreas de Manejo Natural Integrado, la realidad es que la invasión a esas áreas para la extracción maderera no sostenible y cultivos de coca relacionados directamente con el narcotráfico están produciendo daño irremediable en dichas zonas. El TIPNIS, Parque Carrasco y Madidi son los mas afectados.

El crecimiento económico verde es una alternativa viable, en lugar de estrictos objetivos para reducir gases de efecto invernadero. Sin embargo, necesita mayor prioridad, puesto que el mundo necesita llegar a un acuerdo para combatir el cambio climático, plazo al 2015.

A pesar de la creciente evidencia científica de un calentamiento mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y las conversaciones de las Naciones Unidas encaminadas a hacer algo al respecto están en movimiento a un ritmo glacial, lento, donde las presiones y posturas ideológicas retrasan las acciones necesarias.

Años de conversaciones no han podido ofrecer un acuerdo para reemplazar el Protocolo de Kyoto, que establece metas de emisiones para las Naciones industriales. Y a pesar del acuerdo del año pasado para establecer un fondo para recaudar ayuda para las naciones pobres y ayudarles a lidiar con los efectos del cambio climático, tomó hasta mediados de junio 2012 el decidir quien se sentaba en su panel de administración.

“Va a ser muy difícil llegar a un acuerdo antes de 2015,” dijo Robert Stavins, director del programa de economía ambiental de Harvard. Dijo que nuevos enfoques eran necesarios para permitir un crecimiento económico que no dañe el medio ambiente.

Este es el estado actual de la temática ambiental a nivel mundial. Bolivia, sin mayor esfuerzo podría empezar a tomar medidas que vayan hacia un crecimiento verde sostenible, por nosotros y por ende el mundo entero.

Carretera que corta el TIPNIS, una externalidad negativa

Mucho se ha escrito o interpretado sobre el intento de atravesar el TIPNIS. Intentare enfocar ese problema desde el enfoque de la economía ambiental. Aunque este tema he venido tocándolo hace tiempo, observo que aun no esta entendido por la mayoría de la sociedad Boliviana; y eso no es un problema único nuestro, es también, lamentablemente, la percepción de muchos alrededor del mundo. El no incorporar los costos reales a cualquier proyecto, publico o privado.

A manera de ejemplo veamos un proyecto X con un costo de $10MM. Ese seria el costo de hacer una carretera, incluye el diseño, y la construcción.

Por simplicidad diremos que ese es el costo de hacer el camino por el medio del TIPNIS.

Sin embargo, estamos olvidando un componente esencial para atribuir el verdadero costo de dicha carretera: la externalidad negativa al mismo.

Con toda la información que recibimos al respecto podemos sintetizar que el grupo indígena que vive en el Isiboro Secure tiene derecho sobre esa tierra, avalada por la antigua y nueva CPE. De igual manera que el Parque Nacional Isiboro Secure es de propiedad de todos los Bolivianos (seguramente tiene el respaldo de toda la comunidad internacional, de todos los stakeholders en medio ambiente); y además tenemos como objetivo unir Beni con Cochabamba por una carretera. Esto ultimo no esta en discusión, lo que si debe analizarse es por donde hacerlo. Es decir la mejor manera de hacerlo, viendo a largo plazo los beneficios y costos (incluyendo las externalidades).

Si tenemos un Parque Nacional y además un territorio indígena plenamente reconocido, la decisión de construir una carretera debería ser por un costado del TIPNIS, y asunto concluido, tal vez así seria en otros países, sin embargo en el nuestro, por alguna razón nos resistimos a cumplir con la ley, el buen sentido común y además el respeto por nuestro medio ambiente.

Por x o z razones, el actual gobierno contrató a una empresa para hacerlo, incumpliendo en las leyes y CPE en vigencia; existe una ‘ley corta’ que apoya el no hacer este camino por el TIPNIS, sin embargo la presión gubernamental y de algunas agrupaciones (cocaleros del Chapare), se intenta, sin descanso, a hacer ese camino, justificando el costo del diseño preferido.

El costo/precio del camino, tal como lo quiere el gobierno actual y las agrupaciones interesadas, tiene  su justificación y apoyo en muchos interés económicos, como una frontera agrícola ampliada para cocales u otros cultivos; con el daño ambiental a un parque nacional y en territorios que ya tienen dueño. Todo el daño causado al medio ambiente, a nuestra capacidad de preservar el medio ambiente en áreas protegidas debe ser parte de los costos de ese proyecto. Son las externalidades que por razones subjetivas e interesadas de una parte de la población Boliviana, son negativas para todos, incluidos a estos últimos, a largo plazo.

Bien, la gráfica nos muestra la demanda o beneficio marginal D(=MB) de tener la carretera.

La curva MPC representa el costo del proyecto, como esta planteado hasta ahora. Siguiendo nuestro ejemplo numérico, diremos que es Pm = Qm = $10MM

Así es como se determinaba los costos de proyectos hasta que la economía ambiental planteo el argumento de “internalizar las externalidades,” es decir de incorporar todos aquellos costos (incluidos los ambientales) para tener un precio/costo real.

El triángulo X Y Z representa MSD o el daño social marginal, o el costo marginal externo. Es este el costo que los impulsores de la carretera por el TIPNIS se niegan a aceptar, y mucho menos a entenderlo. Aquí existe la premisa que hay proyectos que deben hacerse por el bien común, y en este caso es tener la carretera que una a Beni y Cochabamba, ese no es el punto de discusión, es el establecer el precio real que estamos dispuestos a pagar por tenerlo.

El precio real de una carretera entre Beni y Cochabamba es, según el ejemplo numérico, $10MM + MSD o el triangulo X Y Z. El equilibrio debería estar entre las curvas D (=MB) con MSC y nunca con MPC.

MSC es el costo marginal social, asociado a la construcción de la carretera, de toda la sociedad Boliviana; ese costo aun puede ser interpretado como el MSC de todos los stakeholders del TIPNIS.

Para terminar, el precio de esta carretera debería ser P* y no Pm. Estando conscientes que mantener nuestro medio ambiente, respetar la propiedad privada (parque nacional) y territorio indígena tiene un precio. Solo así estaríamos internalizado, incluyendo los costos reales a la carretera entre Beni y Cochabamba.

La externalidad negativa es degradar los recursos naturales del TIPNIS, si la carretera pasa por el medio. Al incorporar/asignar mas fondos para que la carretera que se construya no pase por el TIPNIS, se estará internalizando esa externalidad negativa.

Al hacerlo así, la externalidad positiva será la protección a ese territorio indígena y por supuesto al Parque Nacional que nos pertenece a todos. Además que este manejo servirá para sentar precedente de cómo cuidar todas nuestras áreas protegidas.

Responsabilidad Social Empresarial y Medio Ambiente

A mediados de Enero 2012, el actual ministro de economía decía que los trabajadores deberían beneficiarse de las ganancias de sus empresas… si eso ocurriera en las empresas publicas, observaríamos que las ganancias de esas empresas pertenecen a todos los Bolivianos y no a unos cuantos que reciben un salario por su trabajo. Bajo ese concepto, concluimos que las ganancias de las empresas privadas, corresponden a sus dueños, inversionistas y/o accionistas. Es hasta demagógico utilizar esos argumentos; al mismo tiempo nos sirve para preguntarnos ¿hasta donde las empresas deberían cubrir por algunos costos, y/o inversiones, mas allá del pago de impuestos, o regalías?

¿Hasta donde debe la empresa privada participar en el desarrollo, apoyo de la sociedad? ¿Donde comienza y donde termina esa responsabilidad social empresarial (RSE)? ¿O es que se esta convirtiendo en una especie de chantaje velado? La semana del 16 de enero, 2012, la empresa minera Manquiri (Potosí) informo que repararía el museo que existe en La Paz, detrás del Hotel Europa, donde la mayoría de sus muestras son de Tiahuanaco (La Paz), bajo su programa de RSE. Si bien se puede argumentar que es un museo Nacional, ¿no podrían los habitantes de Potosí cuestionar esta inversión que no es realizada en su departamento. ¿Quien tiene “derecho” para decir como se deben invertir las ganancias de una empresa? ¿Un ministro de economía o un “sector social”?

Es necesario realizar una crítica de “responsabilidad social empresarial” (RSE), y para precisar aun mas, la RSE en su relación con proyectos de apoyo al medio ambiente.

El tema en cuestión fue analizado por Robert Stavins de la Universidad de Harvard. Se trata de ver cual es el papel apropiado de un negocio/empresa con respecto a la protección del medio ambiente. Todos están de acuerdo en que las empresas deben obedecer la ley. ¿Pero más allá de la ley: más allá del cumplimiento de normas: las empresas tienen responsabilidades adicionales a comprometer recursos para la protección del medio ambiente? O dicho de otro modo a todo lo anterior: ¿Cómo deberíamos pensar en la idea de sacrificar las ganancias de las empresas en el interés social?

Mucho de lo que se ha escrito sobre esta cuestión ha sido confundido y confuso. Defensores, así como académicos, han enredado lo que deberían ser cuatro distintas preguntas acerca de la responsabilidad social corporativa: puede, pueden, deben y hacer.

¿En primer lugar, las empresas pueden sacrificar sus beneficios en pro del interés social – habida cuenta de sus responsabilidades fiduciarias a los accionistas? ¿La Administración tiene la obligación fiduciaria para maximizar las ganancias corporativas en el interés de los accionistas, o puede sacrificar ganancias por una voluntad superior, debido a los requisitos del derecho ambiental? Einer Elhauge, un profesor de Harvard Law School, desafía la sabiduría convencional que los administradores tienen el deber legal simple para maximizar los beneficios empresariales. Argumenta que los administradores tienen libertad de divergir desde el objetivo de maximización de beneficios, en parte porque sus deberes jurídicos a los accionistas se rigen por la “regla de juicio empresarial,” lo que les da amplia discreción para utilizar recursos corporativos como lo estimen conveniente.

Si los administradores de una empresa deciden, por ejemplo, del uso “verde” de los insumos, del diseño de tecnologías de producción más limpias, o disponer de sus residuos de forma más segura, los tribunales no les impiden hacerlo, no importa cuan descontentos puedan estar los accionistas sobre esos actos de caridad pública. La razón es que para todos, un juez sabe de tales medidas: especialmente cuando ellos son bien publicitados: agregará una línea de fondo de la empresa a largo plazo aumentando la voluntad pública. Pero esta línea de argumento contradice la misma premisa, ya que se basa en la noción de que las acciones gerenciales no son de sacrificar ganancias, sino de contribuir al aumento de esas ganancias.

Esto nos lleva directamente a la segunda pregunta. ¿Pueden las empresas sacrificar sus ganancias en el interés social sobre una base sostenible, o las fuerzas de un mercado competitivo traerá esos esfuerzos transitorios en el mejor de los casos? Paul Portney, decano de la escuela de gestión de Eller en la Universidad de Arizona, observa que para las empresas que gozan de posiciones de monopolio o producen productos para los mercados de nicho bien definido, tales costes adicionales pueden bien transmitirse a los clientes (productos orgánicos). Pero para la mayoría de las empresas de industrias competitivas, particularmente empresas que producen materias primas: es difícil o imposible transmitir tales gastos de manera voluntaria a los clientes. Esas empresas tienen que absorber esos costos adicionales en forma de beneficios reducidos, reduciendo los dividendos del accionista y/o una indemnización reducida, sugiriendo que, ante la competencia, tal comportamiento no es sostenible.

¿Esto lleva a la tercera pregunta de la RSC: incluso si las empresas podrían efectuar tales actividades de sacrificar ganancias y pueden hacerlo, se debería a que – desde una perspectiva de la sociedad? ¿Es que esto puede dar lugar a un uso eficiente de los recursos sociales? ¿Para ser más específicos, bajo qué condiciones están las actividades de RSE de las empresas probablemente mejorando el bienestar? Portney considera que esto es más probable que el caso de que si las empresas pongan en práctica estrategias de RSE, estarían haciendo eso porque es buen negocio: eso es, rentable. Una vez más, una respuesta positiva viola la premisa de la cuestión. Pero ante más costosas inversiones de RSE (no solo ir a pintar una escuela un fin de semana entre la gerencia y los empleados), existe la preocupación acerca de los costos de oportunidad de participación para las empresas. Además, en el caso de las empresas que se comportan estratégicamente con RSC para anticipar y dar forma a nuevas normativas, el bienestar podrá reducirse si como resultado se obtuviesen normas menos estrictas (habría que justificarlas).

Finalmente, ¿pueden las empresas comportarse de esta manera? ¿Algunas empresas podrían reducir sus ganancias por participar voluntariamente en el cuidado del medio ambiente? Forest L. Reinhardt de la Harvard Business School aborda esta pregunta, al determinar el rendimiento sobre una amplia muestra de empresas, considera que sólo rara vez el gasto justifica a “ser verde”. Dicho esto, hay situaciones en que si se justifica. Cuando uno puede aumentar la disposición de los clientes para pagar, reducir los costos, administrar el riesgo futuro, o anticipar y aplazar la costosa regulación gubernamental, entonces se puede pagar para ser verde (aquí es importante el análisis y consideración que un gobierno deber hacer sobre las regulaciones; muchas veces un gobierno demagógicamente utiliza lo “verde” para publicitarse, para mostrarse como un defensor del medioambiente y genero lo opuesto). En general, Reinhardt reconoce la existencia de estas oportunidades para algunas empresas – destacan ejemplos como la Patagonia y DuPont, pero la evidencia empírica no admite reclamaciones amplias de oportunidades generalizadas. Es decir, la empresa privada, conceptualmente tiene aun un camino largo para ser convencida de los beneficios de una real RSE.

¿Por lo tanto, esto dónde nos lleva? ¿Pueden las empresas participar en RSC, más allá de lo que dicta la ley? Un pregunta que nos debe llevar a pensar aun mas.

Lo que ha estado ocurriendo en Bolivia, desde que el termino “verde” se puso de moda, fue que grupos indígenas, municipios y otros actores han ido demandando “compensación ambiental” a las empresas mineras y de hidrocarburos, siendo el resultado un crecimiento mas grande en los costos. Quedando aun por demostrar si todas esas compensaciones fueron efectivamente canalizadas para la remediación y/o mitigación ambiental en si. Pasando por toma de rehenes, bloqueos y posiciones intransigentes, lo que hace aun mas difícil que cualquier inversionista venga a nuestro país.

¿Cortina de humo o ineficiencias económicas?

Resulta deprimente y hasta frustrante el estar viviendo estos meses con la presencia del humo alrededor nuestro. La identificación “bajo el cielo más puro de América” resuena ahora como cuando escuchamos decir que “en el gobierno damos cátedra en economía,” es decir un oxymoron de mal gusto.

Lo primero (humo, chaqueo) podremos recuperarlo en la medida en que nuestra sociedad aprenda a manejar la basura y los agropecuarios aprendan mejores técnicas de manejo de suelos y producción. Además, una práctica agroforestal produciría y rendiría mucho más que el uso extensivo que se le da ahora a los suelos de las tierras bajas del este; Bolivia lamentablemente para algunos agricultores, no es el medio-oeste de los EE.UU.

Ahora, sobre las ineficiencias económicas, es algo que si se puede cambiar y es parte de este artículo. Si estamos bajo un Estado de carácter keynesiano, donde se quiere que el rol del gobierno tenga una mayor responsabilidad, bueno, entonces debe reaccionar como tal.

La explotación comercial y competitiva de nuestros recursos naturales debe incorporar las lecciones aprendidas a las nuevas modalidades contractuales.

La responsabilidad social corporativa, el desarrollo sostenible de nuestro gas natural y la minería son temas que hasta mediados de esta década dieron avances importantes en nuestra sociedad. La mitigación y/o remediación ambiental, así como la mejor distribución de los impuestos y regalías tuvo problemas significativos en el desarrollo de los contratos de exploración, construcción y producción, los resultados finales fueron mejores que en el pasado.

En décadas anteriores, se tenia la “tradición” que tanto los antiguos YPFB y COMIBOL implementaban sus proyectos sin compensación alguna (una ves vi una casa en el campo, habían construido su cocina con el ducto dentro de ella, y lo utilizaban como asiento). Es decir, las empresas estatales realizaban sus actividades, sin tomar en cuenta practicas internacionales tales como un Plan de acuerdo a los lineamientos del Banco Mundial y los Principios del Ecuador en reasentamiento de comunidades de manera involuntaria y programas de desarrollo indígenas; sin mencionar practicas seguras para sus trabajadores o vecinos próximos.

A comienzos de la primera década de este siglo, bajo ese contexto se tenía por un lado a los directos responsables de que un proyecto se llevase a cabo: la empresa privada, el gobierno y la sociedad civil. En teoría se vislumbraba que estos actores cumpliesen con que:

El gobierno debía hacer cumplir las concesiones mineras o de hidrocarburos, y la ley ambiental a todos los actores involucrados. Para que los ciudadanos puedan utilizar esos recursos como parte importante de sus programas de desarrollo y al mismo tiempo tomar en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. La generación de impuestos y regalías debería ser utilizada como en el caso de Chile (ahorrando una parte importante para la época de vacas flacas). En todo caso estos ingresos, que de manera continua por periodos entre diez y veinte años, debían llegar ininterrumpidamente son claves para cualquier gobierno y sus aspiraciones de continuidad (puesto que podría ejecutar programas de desarrollo a largo plazo con financiamiento asegurado).

La empresa privada por su parte debía cumplir con los requisitos para esa explotación de recursos naturales, no solo los que la ley fijase sino al mismo tiempo el obtener la licencia social para que la convivencia entre la empresa y la comunidad sea fructífera, pacifica y deseable para todos. Al mismo tiempo las empresas debían ser rentables para con sus dueños/accionistas, lo que a su vez podría promover mayores inversiones futuras dado un clima donde existiese seguridad jurídica, y continuidad productiva para llegar a los mercados internacionales de manera competitiva.

Por otro lado, bajo la sociedad en general se encontraban las comunidades por donde pasaban los ductos o donde se instalaban los pozos o minas. Estos actores si bien tenían que cambiar su forma de vida o el uso de sus recursos, tendrían ahora la oportunidad de usar recursos que hasta entonces el gobierno local o nacional no tenia anteriormente disponible para ellos. Era la oportunidad para consolidar un desarrollo sostenible y no convertirse en un poblado fantasma una vez desapareciese la presencia de la empresa. Dentro de la sociedad también existen intereses/opiniones de que ese proyecto sea desarrollado o detenido (si tuviese serios daños ambientales).

A todo esto se sumaban los actores que tenían una capacidad motivacional e influyente a nivel nacional e internacional, las ONGs radicales así como las de verdadera intencionalidad. Las primeras, de promover su agenda particular utilizando a los demás actores para su propio beneficio. Las segundas, el de promover un uso sostenible de esos recursos de manera que los beneficiarios principales tuviesen la oportunidad de alcanzar el desarrollo y utilizar las lecciones aprendidas de esa interacción con el gobierno/empresa en otros emprendimientos locales o internacionales.

De todo lo anterior, hubo lecciones aprendidas, expectativas no cumplidas y al final del día, los ingresos del país mejoraron. Hubo procedimientos y canales apropiados para que todos los actores pudieran hacerse escuchar y cumplir con sus planes, se sabía que podía esperarse de una empresa, del gobierno y la sociedad en general.

Entonces, ¿donde queda la cortina de humo? ¿Por qué actividades como la  minera de Corocoro no se concretan? ¿Qué esta pasando? Hasta fines de octubre 2010, la comunidad de Corocoro se resistía al ingreso de personal para la explotación de cobre; los reclamos y naturaleza de los mismos no cambiaron en nada las reacciones de los actores principales (ni hoy ni hace nueve años las reacciones de los “afectados” en cualquier parte del planeta). Lo que cambió fueron las expectativas y el cumplimiento de los reglamentos y las responsabilidades de los organismos públicos. En el primer semestre del 2011 se produjeron numerosas “invasiones” de comunidades a empresas mineras que tenían la concesión legal de sus operaciones; alegatos de las comunidades que ellas deberían ser las que trabajen y no otras personas, distorsiona el mercado, genera conflictos sociales y es un preludio a la anarquía.

Hasta no hace mucho, se esperaba que las demandas de las comunidades “afectadas” fuesen canalizadas por intermedio de las instituciones de gobierno para que la empresa privada las cumpla. En el caso de concesiones, sean estas mineras, hidrocarburíferas, forestales, etc. y dada la nueva política “de cambio” vemos que el Estado no sabe como reaccionar o que responsabilidades tomar. Antes era la empresa privada la que tenia que contratar estudios de impacto ambiental, y se esperaba que en base a ese estudio la empresa presentase planes de desarrollo indígena, desarrollo municipal, fondos de fideicomiso, empleos directos e indirectos, reforestación, caminos, programas de crédito, etc. etc. Por su lado las comunidades y municipios hacían su “lista” de prioridades y montos que la empresa debería desembolsar, so pena de bloqueos, toma de rehenes y/o impedir cualquier actividad de ese proyecto, es decir, lo que pidió la gente en Corocoro.

La cortina de humo radica en que el Estado no esta cumpliendo ese rol, antes se exigía a la empresa privada todo lo mencionado mas arriba, ahora al no haber esos estudios, y sobre todo un presupuesto adecuado, las cosas tienden a estancarse. El rol pasivo del Estado ha tenido desagradables e infortunados desenlaces como en Huanuni.

Podríamos decir que en el pasado el rol del Estado era cómodo, ofrecía una imagen ante la sociedad que hacia verlo como el que controlaba y exigía a la empresa privada a cumplir con acuerdos y financiamiento que en muchas situaciones ponía en riesgo la viabilidad de ese proyecto. Ahora, tenemos un Estado que no sabe como reaccionar, no sabe cual organismo gubernamental debe hacer los estudios, ni cual organismo debe ser el que supervise, autorice y controle esa implementación. Menos aun se toma en cuenta el como negociar con las partes, y sobre todo no sabe como financiarlos. En el pasado tuve una experiencia sui-generis, un alto funcionario publico dijo una ves “… que son $us300 mil para la empresa, ¿por que no los da?…” lo dijo ante mucha audiencia, tomando parte como Estado por un lado. Esa manera irresponsable de exigir a otros dar lo que no se tiene, demagógicamente, se acabo o por lo menos se evita porque ahora el Estado es el responsable.

Para bien o mal el Estado actual debe cumplir con lo que antes exigían los actores involucrados, debe evitar la degradación ambiental. Ahora, debe evitar el generar costos que pongan en peligro la viabilidad de nuestras industrias de hidrocarburos y minera; y sobre todo debe evitar que reine la anarquía y confrontación entre vecinos como es el potencial caso de campo Margarita entre Tarija y Chuquisaca.

Si estamos bajo un Estado “de cambio” deberemos exigir que el Estado responda de manera responsable, las comunidades y sociedad en general esperan que las remediaciones ambientales sean sostenibles a largo plazo, cualquier intento de no “internalizar” esos costos ambientales producirá ineficiencias económicas que afectaran la competitividad de ese proyecto y quedaremos con mas “karachipampas” y pueblos fantasmas.

Hemos tenido que ser espectadores de la sufrida y estoica marcha del TIPNIS, quienes aún después de haber obtenido que el camino San Ignacio de Moxos ‘ Villa Tunari no pase por el territorio indígena ni el Parque Nacional Isiboro Secure, tuvieron que negociar (fue el punto mas discutido de los 15 restantes) para que los pasivos ambientales del Aguaragüe fuesen financiados por el Estado.

El Estado si desea cambiar, debe asumir los roles y responsabilidades que antes se exigía a la empresa privada.

Dejemos las cortinas de humo, funcionemos como un país competitivo. Estamos iniciando la segunda década del siglo XXI, dejemos, como Bolivia, atrás las practicas socioeconómicas del siglo pasado, sacudámonos de todo ello y dejemos de reinventar la rueda. Mostremos al mundo entero que no solo hablamos sino que podemos integrarnos al comercio mundial de manera responsable.

Si el Estado quiere anquilosarse, nosotros los profesionales, los ciudadanos debemos influir para que nuestra sociedad se integre al mundo y a los desafíos de este nuevo siglo.

¿Medioambiente, Ahorro, Inversión, Anarquía?

¿Cómo podríamos compatibilizar esos conceptos? Quizás la pregunta debería ser ¿Cómo podríamos tener sostenibilidad económica bajo anarquía?

Los tres primeros conceptos del título de este artículo son y fueron practicados de manera eficiente en el pasado. Bolivia fue considerada como el primer país del mundo en contar con el mayor número de hectáreas de bosques naturales manejados sosteniblemente. Fuimos el ejemplo de lo posible, donde comunidades indígenas, cuartoneros y empresarios privados participaron hasta lograrlo. Cuando el proyecto BOLFOR de USAID/Bolivia comenzó sus actividades, las estadísticas mostraban que solo maderas “preciosas” eran utilizadas y en su paso, hasta una hectárea y media de bosque era destrozada por tronca de mara encontrada. Se pudo comprobar que los cuartoneros utilizando sus sierras eléctricas manuales obtenían solo el 30% de madera al cortar sus troncas. Los productos que salían para la venta en mercados internacionales eran básicos y solo competían porque usaban maderas preciosas, siendo cada ves menor el volumen ofertable.

Tomó su tiempo el hacer entender el beneficio del manejo de bosque, el mostrar que habían muchísimas otras especies que manejadas apropiadamente eran una buena fuente de ingreso. La preservación de la biodiversidad puede ser entendida como el ahorro de un país. La inversión radica en poder manejar una concesión forestal, un territorio indígena, una Asociación Social del Lugar (ASL) y hasta las áreas de influencia contiguas a los parques nacionales de manera sostenible. Bajo un manejo sostenible, toma por lo menos 20 años el pasar de una cuadrícula de bosque y volver a ella. El diámetro de los arboles ya se considera apropiado para su explotación, en eso básicamente radica el manejo.

La pregunta que queda es ¿cómo se puede invertir en plazos de 20 años? Y la respuesta es MUY simple, con la confianza de que la seguridad jurídica estará presente para hacerlo posible. Así como con un control adecuado para prevenir incursiones ilegales a tiempo. Evitando así, la quema de bosque. Lo cual ocurre nuevamente, en su objetivo de implantar el “pseudo desarrollo” que usualmente pasa por plantar arroz y luego otro producto. Podemos afirmar que en los últimos diez años, este otro producto no fue sino la coca, que ofrece un producto más rentable, por razones obvias. En todo caso una actividad económica ilegal, que fomenta la corrupción, depreda inexorablemente el medio ambiente porque lo sobre-explota hasta llegar al límite en el cual este no puede reponerse.

A momento de buscar datos sobre este tema, visité las páginas web de la FAO, del WRI (instituto de recursos mundiales) y del BID. Lamenté comprobar que la mayoría de los datos disponibles son hasta el 2005 en el mejor de los casos. Por otro lado, la desaparición de la Superintendencia Forestal también limita el acceso a datos confiables.

La relación ahorro = inversión para el caso de nuestros bosques seria entendida como el manejo sostenible de ellos para recibir sus beneficios. Bolivia debería continuar cuidando sus bosques, protegiendo sus parques nacionales, evitando el corte ilegal de especies que aún están en desarrollo. En suma, estaríamos invirtiendo a largo plazo.

Los ejemplos de avasallamiento, ocupación ilegal y perdida de certificación internacional forestal han sido posibles únicamente debido a la anarquía imperante. La generación excesiva de expectativas de lucro inmediato por los diversos grupos ha dado lugar al abandono de prácticas sostenibles de manejo del bosque. La incertidumbre respecto a la propiedad de la tierra y cumplimiento de las concesiones ha producido caos y ahora la perdida de bosques es igual o mayor a los años ochentas o antes. Por si esto fuera poco, estas señales no hacen más que desincentivar contratos a largo plazo con mercados que reconocen y pagan muy bien por la certificación verde. A fines de los noventas, recuerdo haber visitado una empresa aquí en Santa Cruz, donde los hornos de secado de la madera eran controlados físicamente desde su mercado italiano; los requisitos eran exigentes y nuestro manejo era apropiado.

La reciente aprobación de la construcción que parte al TIPNIS por la mitad, es la peor señal para la preservación del medio ambiente. Los grupos indígenas del Isiboro-Secure han amenazado hasta de usar sus arcos y flechas para evitar el ingreso de colonos ilegales, quienes en su mayoría intentaron desde los ochentas en incursionar en esa área protegida para plantar mas cocales. Este camino si bien cuenta con el financiamiento brasilero, fue denominado por el ex candidato presidencial José Serra, como la “rodovia del narcotráfico.” En suma, acciones como esta, solo tienden a reducir nuestro ahorro natural. La vida salvaje que habita en nuestros bosques ofrece un tremendo potencial para nuestros futuros ciudadanos. La anarquía en la práctica solo tiende a depredar aún más nuestros recursos naturales.

Sin ahorro no puede haber inversión, sin bosques no puede haber progreso.

Entonces en este mundo imperfecto, debemos aclarar nuevamente nuestras prioridades y bases de entendimiento. El cómo definimos el manejo de nuestros recursos del bosque, será importante para alcanzar la sostenibilidad del mismo. Todos los actores involucrados -dueños (público, privado, comunidades locales, compañías), concesionarios, locatarios, gobiernos locales o regionales, administraciones forestales, organizaciones conservacionistas no gubernamentales, cooperativas, hombres, mujeres, jóvenes y viejos- deberán coincidir en lo que entendemos por manejo forestal sostenible y de sus implicaciones para la conservación, desarrollo, protección y producción. El siguiente paso seria el de tratar de implementar un mismo concepto en todas las áreas maderables, así como en aquellas a ser creadas o reforestadas, de manera que se pueda evitar una sobre especialización. Esto incluye también aquellos bosques no manejados, con acceso restringido a todos o casi todos los habitantes del país. O en aquellas áreas donde los bosques por ley están protegidos o por su impenetrabilidad natural.

Todo lo anterior será posible cuando: a) exista voluntad política, b) ingresos suficientes para aumentar el ahorro, c) incentivo a la inversión nacional o extranjera y d) un país libre de anarquía.